Demandan a un ciego por descargarse una película porno.
Ya se conoce la última víctima inocente de la campaña de acoso y chantaje que ciertos bufetes de abogados están llevado a cabo contra usuarios de redes P2P en USA presuntamente en nombre de los propietarios de ciertos derechos de autor, sobre todo de productoras de cine porno. Se trata de un ciego. Le acusan de bajarse una película porno, y han entablado una demanda contra él.
Los culpables de la metedura de pata son los abogados de la empresa Imperial Enterprises, que insisten en que tienen pruebas de que el ciudadano se bajó una película titulada Tokio Cougar Creampies. El invidente se enteró de la demanda cuando recibió una carta de su proveedor de Internet, Comcast, en la que se le notificaba la acusación y las medidas legales que la empresa iba a tomar. Sus alegaciones de que es totalmente ciego no parecen haber impresionado a los abogados de la industria.
Sin despeinarse ni aflojarse la corbata, afirman que la película se bajó desde la dirección IP del acusado, y que le acusan de bajarla, no de verla. Que para lo primero está perfectamente capacitado. En todo caso, si no ha sido él, habrá sido alguien de su casa, por ejemplo sus hijos. La sorpresa del ciudadano ciego ha sido mayúscula, porque hasta el momento pensaba que sus hijos de 4 y 6 años estaban más interesados por ver los pantalones de Bob Esponja que por contemplar señoritas japonesas sin pantalones empeñadas en diversos actos gimnásticos.
El problema de este ciudadano es muy común. No todos los usuarios de Internet son conscientes de la necesidad de asegurar sus redes inalámbricas, y las dejan abiertas, incluso adrede para que la aprovechen los vecinos. En su caso, dejó la red abierta por desconocimiento, pero eso no ha desalentado a los abogados de la productora que mantienen la demanda. este nuevo sistema de trágala está produciendo pingües beneficios a algunas productoras, ya que muchos usuarios prefieren pagar cantidades inferiores a los 3000 dólares antes de enfrentarse a las decenas de miles que les costaría un pleito incluso aunque ganara. Nuestro ciudadano ha decidido pagar y ponerle clave a su red Wi-Fi.
Ya se conoce la última víctima inocente de la campaña de acoso y chantaje que ciertos bufetes de abogados están llevado a cabo contra usuarios de redes P2P en USA presuntamente en nombre de los propietarios de ciertos derechos de autor, sobre todo de productoras de cine porno. Se trata de un ciego. Le acusan de bajarse una película porno, y han entablado una demanda contra él.
Los culpables de la metedura de pata son los abogados de la empresa Imperial Enterprises, que insisten en que tienen pruebas de que el ciudadano se bajó una película titulada Tokio Cougar Creampies. El invidente se enteró de la demanda cuando recibió una carta de su proveedor de Internet, Comcast, en la que se le notificaba la acusación y las medidas legales que la empresa iba a tomar. Sus alegaciones de que es totalmente ciego no parecen haber impresionado a los abogados de la industria.
Sin despeinarse ni aflojarse la corbata, afirman que la película se bajó desde la dirección IP del acusado, y que le acusan de bajarla, no de verla. Que para lo primero está perfectamente capacitado. En todo caso, si no ha sido él, habrá sido alguien de su casa, por ejemplo sus hijos. La sorpresa del ciudadano ciego ha sido mayúscula, porque hasta el momento pensaba que sus hijos de 4 y 6 años estaban más interesados por ver los pantalones de Bob Esponja que por contemplar señoritas japonesas sin pantalones empeñadas en diversos actos gimnásticos.
El problema de este ciudadano es muy común. No todos los usuarios de Internet son conscientes de la necesidad de asegurar sus redes inalámbricas, y las dejan abiertas, incluso adrede para que la aprovechen los vecinos. En su caso, dejó la red abierta por desconocimiento, pero eso no ha desalentado a los abogados de la productora que mantienen la demanda. este nuevo sistema de trágala está produciendo pingües beneficios a algunas productoras, ya que muchos usuarios prefieren pagar cantidades inferiores a los 3000 dólares antes de enfrentarse a las decenas de miles que les costaría un pleito incluso aunque ganara. Nuestro ciudadano ha decidido pagar y ponerle clave a su red Wi-Fi.
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